Crisis del Estado: una perspectiva desde la crisis energética

Antonio Turiel - The Oil Crash
Queridos lectores,

El tema que hoy abordaré pertenece a un tipo difuso de cuestiones de los que prefiero no hablar. No me gusta hablar de estos temas no por que sean tabú, sino porque no me considero suficientemente capacitado y con el conocimiento adecuado como para abordarlos apropiadamente, con lo que más que en otros casos lo que pudiera decir es fuertemente discutible y hasta erróneo, al menos en parte. En suma, que mi opinión sobre estos temas no es más cualificada que la de cualquier otro ciudadano y, por tanto, no me parece que sea correcto airearla desde este
blog, dándole una relevancia que no tiene. Sin embargo, noto que progresivamente las discusiones en internet y otros medios se van enconando a medida que nos acercamos a la siguiente gran oleada recesiva global (de la cual la actual tendencia a la baja de los precios del petróleo es un claro síntoma, puesto que no ha aumentado la producción pero los precios bajan ergo es la demanda la que retrocede porque se está destruyendo fruto de la recesión que avanza - y no de la eficiencia, como a veces se dice para confundir aún más). Y últimamente detecto que hay cierta confusión sobre el posicionamiento político, en claves muy clásicas y partidistas, de algunas figuras de la discusión de la crisis energética en español, y particularmente las mías. Posicionamiento partidista que no es relevante en absoluto, como tantas veces he repetido, y que perjudicaría a la transmisión de un mensaje de carácter transversal y no partidista.

Sin embargo, y a pesar de todas las prevenciones que acabo de expresar, creo que es interesante aclarar una cuestión clave para entender por qué el binomio capitalismo-comunismo está a mi modo de ver trasnochado, y por qué deberíamos explorar otras dimensiones de la discusión. Esencialmente, discutiré sobre el papel del Estado tal y como yo lo veo con mis limitados conocimientos, y por qué creo que lo que tenga que venir no podrá parecerse en nada a los dos sistemas nominalmente más opuestos aunque se basan, ambos, en un fuerte estatalismo.
El papel del Estado
Existen muchas discusiones historiográficas y antropológicas sobre el origen y función del Estado, de las cuales soy bastante poco conocedor. Sin embargo, hay una serie de características que se atribuyen con bastante consenso al Estado. Una de ellas es que el Estado es el depositario del derecho a la violencia legítima, es decir, es el único agente que tiene derecho a actuar violentamente en la defensa de un bien percibido como común si no existe ningún otro medio para garantizarlo. El Estado, que en sí no es más que una serie de instituciones creadas en algún momento para la gestión de un país, se convierte por virtud de este y otros derechos en un sujeto de derecho, es decir, en un ente con derechos y deberes y que es reconocido por otros sujetos de derecho como él. Por decirlo más simplemente, el Estado español es reconocido como el interlocutor válido para discutir cualquier cosa que tenga que ver con el territorio que administra, es decir, España.

Dado que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, cualquier violencia ejercida en su territorio por alguien que no es el Estado pasa a ser ilegítima. Para que las cosas queden más claras, el Estado, usando su capacidad legislativa, promulga leyes que explicitan la no legitimidad de esas acciones por medio de disposiciones legales, que establecen condiciones penales para los contraventores. Es decir, el Estado establece con leyes qué castigo corresponde a quien ejerza determinado tipo de violencia que no esté amparada por el propio Estado.

Puesto que el Estado tiene derecho de violentar cualquier aspecto de nuestra convivencia (por ejemplo, disparando contra el atracador de un supermercado si éste pone en peligro la vida de otros, o bien desautorizando ciertas reuniones masivas y enviando antidisturbios a apalear a los manifestantes si no se van, o bien enviando a la cárcel a quien no paga sus impuestos), el Estado tiene un gran poder sobre todos nosotros y por eso es preciso que se definan muy claramente cuáles son los fines del Estado y que haya un gran consenso social de que esos fines son legítimos. Aquí viene uno de los aspectos más delicados del encaje estatal: dado que en los sistemas democráticos se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, todo el poder en realidad emana del pueblo y el Estado, que es un sujeto aparte pero con el gran poder de la violencia como hemos comentado, debe su poder a ese pueblo que en realidad se lo ha entregado. Por lo tanto, el Estado debe interpretar correctamente el dictado del pueblo, y de ahí la gran importancia de que las instituciones del Estado sean transparentes y democráticas, como una vía para asegurar que se está cumpliendo la voluntad del pueblo.

Como todos sabemos, los Estados modernos son estructuras de una gran complejidad, y para su gestión se requiere de funcionarios especializados y con experiencia. Permítanme un inciso aquí: la palabra "funcionario", en España como en otros países, tiene muchas connotaciones negativas porque la mayoría de la gente suele asociarla con algún "funcionario de ventanilla" indolente que le ha tocado sufrir en el curso de algún trámite con la Administración; y los
think tanks liberales, en su cruzada por adelgazar el Estado de todo lo que no es el monopolio de la violencia (curiosamente, o no tanto, como veremos) suelen aprovechar esta mala percepción para usar la palabra "funcionario" como un insulto. Sin embargo, cualquiera que haya tenido tratos con empresas de gran tamaño y complejidad se habrá encontrado con administrativos que realizan funciones en todo análogas a las de los funcionarios de ventanilla y de similar indolencia; se ve, pues, que lo que favorece tal actitud (que en realidad ni siquiera es mayoritaria pero que es más visible por ser una actividad de cara al público) es el tipo de trabajo administrativo tedioso y con nulos incentivos. Por demás, se suele ignorar que la mayoría de los funcionarios son maestros, profesores universitarios, médicos, enfermeras, policías, militares, bomberos, inspectores de hacienda, científicos, guardias forestales, letrados, fiscales, jueces y un largo etcétera de técnicos de lo más diverso cuyo trabajo no siempre es visible pero es fundamental. Fruto de esta complejidad del Estado que comentamos se requiere mantener estos cuerpos de funcionarios especializados, qué lógicamente no pueden ser sustituidos al ritmo de la alternancia democrática del país. Por eso es exigible que los funcionarios trabajen de manera fiel al servicio del Gobierno de turno en pro del bien del país, al margen de sus propias convicciones partidistas. A cambio, se les da un estatuto laboral especial, que de viejo y más en estos tiempos inciertos se percibe como un privilegio inadecuado.

¿Qué sucede cuando un poder lo suficientemente fuerte, típicamente económico, corrompe algunas estructuras clave del Estado? Que el Estado se desconecta de la fuente de su legitimidad, que es el consenso social, y actúa en beneficio de esos otros intereses, por supuesto de manera sibilina para evitar una revolución popular.  No creo que merezca la pena poner ejemplos porque estoy seguro que se les ocurrirán a Vds. solitos bastantes sin tener que esforzarse mucho. De hecho, el poder económico o de otro tipo no necesita para sus fines corromper demasiado todas las estructuras del Estado porque por construcción los Estados tienden a estar fuertemente jerarquizados y centralizados; si se gana el control de la cúspide (por ejemplo, el Gobierno) o de las estructuras inmediatamente inferiores (los altos funcionarios) todo el resto de la maquinaria del Estado trabajará de manera ciega e implacable en pro de ese poder corruptor, en aplicación de la máxima de que los funcionarios de rango inferior tienen la obligación de acatar y servir fielmente a lo que se les requiere por su condición de servidores públicos, al margen de sus preferencias ideológicas.

Por tanto, la estructura piramidal y no deliberativa del Estado le hace más vulnerable a la injerencia ilegítima de agentes no populares, lo cual da acceso a estos agentes a formas incuestionadas de violencia, no siempre física. Se tiende a pensar que cuando esto pasa es por un defecto concreto del Estado o incluso de la sociedad que lo padece. Por el contrario, desde mi insuficientemente documentado punto de vista pero basándome en la observación empírica de que no hay Estado no corrupto, sólo grados diversos de corrupción, yo creo que la corrupción es una característica inherente de los Estados. Más aún: que el papel del Estado se ha ido reforzando a lo largo de la historia en simbiosis con la injerencia cada vez mayor de los poderes económicos, de modo que al final el defecto de la corrupción estatal no es accidental sino estructural.
Capitalismo y comunismo

Los dos grandes sistemas socieconómicos que han dominado la discusión del siglo veinte son el capitalismo y el comunismo (usar estos nombres es una simplificación semántica, pero para no hacer esta discusión más farragosa ruego a los más quisquillosos que me lo acepten). Al margen de discusiones teóricas, la práctica de la implementación de ambos sistemas ha sido completamente dependiente de la existencia de un Estado, y en los casos en que éste no existía como tal se le acabó creando para beneficio del sistema económico. A mi modo de ver, el carácter estatalista del comunismo y el capitalismo no es una coincidencia, sino una necesidad de ambos sistemas para conseguir sus fines. En el caso del comunismo de corte soviético y similares, la necesidad de un Estado fuerte resulta evidente para todo el mundo: estamos hablando de una economía planificada, que impone restricciones a todo tipo de actividades y que supervisa hasta la extenuación detalles de la vida pública y privada de sus ciudadanos. En el caso del capitalismo, la percepción popular, alentada desde ciertos sectores de la sociedad, es que es un sistema de libertad y que cualquier injerencia del Estado es en realidad perjudicial; parecería, por tanto, que el capitalismo es de algún modo contrario a un Estado fuerte. Nada más lejos de la realidad. La economía capitalista moderna está más planificada que nunca y la percepción de libertad, de capacidad de elección, no es más que una hábilmente construida ficción. Muchas grandes empresas necesitan que el Estado las subvencione o las favorezca indirectamente coaccionando a sus ciudadanos a consumir sus productos o mediante exenciones de impuestos. Tiene toda la lógica del mundo: la inversión que estas empresas hacen en influir sobre los Estados aumenta sus beneficios, en tanto que el Estado se beneficia del control social que aseguran estas empresas, a través de sus trabajadores y su control sobre los medios de comunicación: he ahí la simbiosis Estado-capital en los Estados capitalistas. Los casos en los que el Estado favorece de manera descara a las grandes empresas no son aislados sino repetidos: la gran industria aeronáutica se sostiene gracias a los pedidos de aviones militares (si alguien me puede pasar el enlace que colgué hace semanas en facebook...), los grandes bancos son rescatados cuando hacen inversiones masivamente ruinosas, el sector del automóvil es apoyado con sucesivos planes estatales de subsidio a la compra de un automóvil nuevo, las petroleras reducen impuestos, las grandes eléctricas consiguen regulaciones favorables a sus intereses y en contra del bien común... Y eso por no hablar de los escándalos ambientales, a veces con graves consecuencias para la población, acallados incluso por la fuerza gracias el control de un Estado plegado a intereses de un capital que no conoce fronteras ("Recordad Bhopal"). No hay gran sector de la economía capitalista de hoy en día que no esté apuntalado por el Estado, y esto no es de ahora, por culpa de la crisis, sino que lleva mucho tiempo siendo así. De hecho, si uno se molesta en bucear en los libros de Historia verá que en la configuración de los modernos Estados capitalistas la cosa siempre ha sido así. Solamente es ahora que la desconexión de la voluntad del pueblo soberano es más evidente; por ejemplo en España con la Iniciativa Legislativa Popular que promovía la dación en pago de viviendas hipotecadas (con el respaldo de casi millón y medio de firmas) ha sido básicamente ninguneada en su tramitación parlamentaria. El menosprecio del Estado a la voluntad del pueblo tampoco es cosa nueva sino, también, de siempre; simplemente antes la gente se ganaba mejor la vida y prefería seguir con ella a empeñarla en la empresa de plantarle cara a los abusos del Estado, cosa casi siempre inútil.

Si se mira con atención las diferencias entre comunismo y capitalismo no son tan grandes. El comunismo soviético fue bastante menos eficaz desde el punto de vista productivo y generó muchas ineficiencias, en muchos casos fruto de la desafección de las clases populares con los objetivos del Estado (algo muy natural si tenemos en cuenta que el estado soviético rechazaba de plano la soberanía popular aunque formalmente dijera defenderla). Sin embargo, con la implementación de ciertas medidas clave el comunismo chino ha evolucionado en las últimas décadas hacia cotas de productividad superiores a las de Occidente, demostrando que un país comunista puede ser tan capitalista-estatalista como cualquier democracia occidental, y sin el sobrecoste (económico) de la democracia.


La crisis del Estado, ¿consecuencia de la crisis energética?

Se puede argüir que la crisis del Estado, y particularmente la de los estados capitalistas como éstos en los que vivimos, comenzó hace ya mucho tiempo. El síntoma más claro de esta crisis de legitimidad fue el rechazo a la injerencia en guerras en tierras extranjeras en defensa de espurios y a veces absurdos intereses, cuyo máximo exponente fue los movimientos de rechazo a la guerra de Vietnam en EE.UU. a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, o el rechazo a la 2ª Guerra del Golfo a principios de este siglo.

También es legítimo argumentar que la proliferación de publicaciones independientes favorecida por la difusión de internet aumentan el foco y la inspección de las disfuncionalidades del Estado, y en cierto modo agravan la percepción de las mismas, lo cual tiene también una parte importante de razón.

Sin embargo, lo que está haciendo intolerable la situación de ninguneo de la voluntad popular que ya dura desde décadas son las crecientes dificultades económicas de las familias. Es debido al malestar popular, que ya no puede ni beneficiarse de un cierto bienestar material, el que lleva al cuestionamiento sistemático de diversos roles que ejerce el Estado.  Las menciones al Estado disfuncional saltan continuamente en las conversaciones cotidianas, con especial énfasis en los casos concretos y personalizados de corrupción, pero con un trasfondo de desconfianza generalizada al buen hacer e incluso a los fines de la Administración (un ejemplo de rabiosa actualidad en España es el primer caso de infección por ébola en Europa, producido en Madrid por lo que muchos consideran una gestión negligente e imprudente de la asistencia a dos repatriados). Estos días resulta frecuente que una falsa noticia aparecida en una publicación satírica sea tomada erróneamente por algunos como verdadera, simplemente porque la atrocidad descrita resulta ya creíble en medio de la degradación actual (en la que, por ejemplo, se ve normal y aceptable dejar a niños cuyas familias ya no tienen otro sustento sin el apoyo del comedor escolar durante los meses de verano).

Por tanto, creo fundado decir que el cuestionamiento del Estado y el clamor ascendente por su reforma, por su regeneración, viene en mucho del descontento causado por la crisis económica interminable que vivimos. Crisis que, en última instancia, no podrá acabar nunca por culpa del descenso energético, por culpa de la crisis energética.

¿Podrá un Estado centralizado y complejo mantenerse en una situación de retornos decrecientes, de descenso de la actividad económica, de disminución de ingresos? Está claro que no si este descenso es severo. Y dado el curso previsible de los acontecimientos (sin necesidad de ir a escenarios más dramáticos) parece evidente que los Estados capitalistas llegarán en algún momento a su fin. Y el momento clave que marca su desaparición es el momento de perder su poder principal: el monopolio de la violencia. Cuando el Estado deje de pagar sus nóminas a la policía dejará de poder imponer su voluntad, y en ese momento dejará de existir en la práctica.

El futuro post-estatalista 

¿Qué futuro le espera a nuestros países tras el fin de sus respectivos Estados? Nadie lo sabe con certeza y este tema, sobre el que expertos han teorizado desde hace décadas, es todavía menos propicio para mis nada autorizadas divagaciones personales. Quizá algunos países conserven Estados más simplificados, quizá en otros se recuperen formas de organización anteriores, muchas de ellas democráticas; otros países, por desgracia, sucumbirán bajo un nuevo yugo feudal, y en cualquier caso la disgregación será la norma. Lo que sí que tengo claro es que el futuro dependerá de las decisiones que tomemos ahora. Nada está perdido si no queremos que lo esté. Quizá el primer paso para saber dónde se encuentra ese futuro que a todos nos interesa construir, tanto al obrero de la fábrica como a su patrón, es salirnos de los viejos esquemas de discusión y empezar a mirar a dimensiones del debate largamente ignoradas, como por ejemplo las que tratan de los límites ecológicos de este planeta que tenemos que compartir.

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