¿Qué democracia económica para el decrecimiento?

Sébastien Boilla, Julien-François Gerber, Fernando R. Funes-Monzote
Rebelión - Futures


1. Introducción

Se ha definido al decrecimiento sostenible como “una transición equitativa y democrática a una economía más pequeña con menor producción y consumo” [1] . Se trata de reducir los flujos de energía y materiales cubriendo al mismo tiempo necesidades humanas básicas y crecientes como la alimentación, la educación y la vivienda. Sin embargo, resulta que las instituciones capitalistas promueven exactamente la tendencia opuesta. ¿Cómo se va a llevar a cabo entonces el decrecimiento a gran escala? ¿Es razonable pensar que será suficiente con las democracias liberales de hoy, asociadas con cambios en la opinión pública?

Durante mucho tiempo, los teóricos socialistas han argumentado que el tipo de política e ideología que prevalece en una sociedad dada está fuertemente relacionado con la estructura económica que desarrolla [4,5]. Más concretamente, muchos de ellos son escépticos sobre la posibilidad de combinar una verdadera democracia con el capitalismo –al caracterizarse este último por la falta de democracia en la empresa-. Esto se refleja, defienden, en el hecho de que la vida política y económica tiende a tomar su forma en función de los intereses de un pequeño grupo de gente que posee (o gestiona) los medios estratégicos de producción [6]. De hecho, esta élite puede usar su desproporcionado poder económico para influir en los procesos políticos mediante campañas de (des)información, la financiación de partidos políticos y de los candidatos de aquellas organizaciones que producen y difunden un cierto tipo de conocimiento considerado apropiado [7]. Alternativamente, esta clase dominante puede también amenazar con meter de cabeza al país en una crisis si un gobierno rechaza satisfacer sus intereses (puede hacerlo deslocalizando la producción, invirtiendo en el extranjero, etc.). Un gobierno dado está por tanto forzado hasta cierto punto a complacer a la élite económica para seguir en el poder.

Dahl y Lindblom [8] distinguían clásicamente entre “democracia” y “poliarquía”. La poliarquía representa el sistema representativo dominante de hoy: en ese sistema, el electorado no es plenamente soberano puesto que es una clase de élites especializadas –no a una élite única, monolítica, como en una autocracia- la que compite y negocia entre sí por el control del gobierno y de la sociedad mediante elecciones. La democracia, por el contrario, es un sistema en el que el electorado es verdaderamente soberano, lo que significa que:

(1) sus miembros están razonablemente bien informados sobre los temas que deben decidirse en el proceso político, y son razonablemente activos en la contribución a su resolución; y (2) no existe una élite minoritaria estable con más poder político que cualquier otro grupo estable, especialmente que los cargos electos. La democracia en este sentido puede coexistir difícilmente con el capitalismo, un sistema caracterizado fundamentalmente por la estratificación de clase.

Volviendo al tema de una transición sostenible al decrecimiento, creemos que tales transiciones solo las pueden realizar ciudadanos razonablemente bien informados sobre los temas socioecológicos en juego y razonablemente activos en la contribución a su resolución, esto es, por ciudadanos que no estén obstruidos por una clase privilegiada. Esto significa, de nuevo, que el decrecimiento parece ser difícilmente posible dentro del capitalismo de hoy y las democracias liberales asociadas. En línea con esto, muchos partidarios del decrecimiento parecen más inclinados por modelos de democracia directa y participativa [3] –pero no son muy claros sobre qué idea específica de democracia se puede combinar con una estructura económica que promueva el decrecimiento-. Martínez-Alier et al. [1] defienden que la investigación futura sobre el decrecimiento debería centrarse de forma crucial en la comprensión de las condiciones para alcanzar una reducción del tamaño de la economía. De hecho, la investigación sobre estas condiciones debe ser teórica tanto como empírica y debe centrarse tanto en experiencias contemporáneas como históricas.

En el presente documento nuestro objetivo es precisamente investigar los vínculos entre la estructura económica, los principios democráticos y el decrecimiento. Lo haremos explorando preliminarmente algunas cuestiones teóricas así como una experiencia de ámbito nacional. En primer lugar, daremos una explicación sobre algunos de los principales modelos de sistemas político-económicos alternativos para descubrir su potencial para conseguir la democracia económica y el decrecimiento. Creemos que los partidarios del decrecimiento conseguirán algún beneficio de la discusión sobre tales modelos teóricos. Entre ellos se encuentran la planificación participativa, el socialismo de mercado y los modelos basados en la autogestión de los trabajadores. Defendemos que esta última es la que tiene mayores oportunidades de conseguir una transición al decrecimiento.

En segundo lugar, intentamos aprender algunas lecciones empíricas de la agricultura de Cuba –la mayor experiencia actual real de “decrecimiento” agroecológico-. Al hacerlo, mantenemos una visión crítica sobre la combinación de participación, organización económica y “decrecimiento” sostenible. Nuestra hipótesis es que un sistema básicamente no capitalista como la economía cubana –a pesar de sus muchos defectos- está en una mejor posición para conseguir formas de decrecimiento sostenible que los países capitalistas, pero que lo estaría aún más con más democracia. Específicamente, defendemos que las cooperativas campesinas a pequeña escala tienen el mejor potencial para conseguir los objetivos orientados al decrecimiento de la agroecología.

2. Decrecimiento, democracia y modelos teóricos de socialismo

Hoy, pasado el debate clásico socialista sobre la planificación, las discusiones teóricas sobre sistemas político-económicos alternativos ya no se encuentran tanto entre los partidarios del mercado contra los de la planificación sino entre las diferentes vías para articular mercado, comunidad y regulaciones políticas [9]. Tres familias principales de modelos teóricos se oponen unas a otras en los debates de hoy: (1) las de “planificación participativa”, cuyos partidarios continúan negando cualquier rol importante a los mercados (2) las de “socialismo de mercado” y (3) las de “autogestión de los trabajadores”. Las presentaremos brevemente y examinaremos cuál parece más adecuada para promover una transición sostenible al decrecimiento.





Los partidarios de la “planificación participativa”, fieles a la tradición marxista, critican el mercado sobre la base de su intrínseco “fetichismo de mercancías ficticias” (como la tierra y el trabajo) y por la competición que promueve, que atomiza a los ciudadanos y destruye solidaridades. Mandel, Devine y Albert y Hahnel describen con mucho detalle sistemas de planificación participativa basados en arquitecturas complejas de consejos de empresas autogestionadas y de comités locales, a través de los cuales los productores y consumidores confrontarían sus respectivas visiones y prioridades. Estas unidades locales elegirían representantes en una vasta red de cuerpos intermedios a diferentes escalas (sectorial, regional, nacional) con el objetivo de determinar las principales orientaciones macroeconómicas. La riqueza creada sería entonces redistribuida en bienes y servicios básicos gratuitos, mientras se utilizaría el intercambio de cupones para el resto. El objetivo de tales modelos es desarrollar la mayor democracia posible, tanto en la esfera política como en la económica, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades al menos con la misma efectividad –si no más porque lo haría de una forma igualitaria- que el mercado capitalista.

Los partidarios del mercado critican el modelo argumentando que ningún debate democrático puede manejar con efectividad la masa de info rmación implicada en las numerosas decisiones económicas diarias que se toman en todos los diferentes niveles de la sociedad. A esto, los promotores de la “planificación participativa” responden que los ordenadores personales e Internet proporcionan una posibilidad extraordinaria para el desarrollo y funcionamiento en red de la democracia directa [13]. Es más, estos tipos de modelos –debido a su énfasis en la circulación de la información y su estrecha conexión con las realidades locales- tienen un gran potencial institucional para materializar la simplicidad voluntaria y formas de decrecimiento. Sin embargo, tales modelos chocan con una objeción fundamental: sin suponer la emergencia de “nuevos” seres humanos altruistas, es difícil ver, ante la ausencia de incentivos de mercado, qué llevaría a los productores a cooperar libre y plenamente y a usar de forma eficiente los recursos y el capital de sus empresas [9]. Es por ello que una mayoría de autores admite la necesidad de mercados. Pero un punto crucial los divide: ¿debe mantenerse el salario o debe suprimirse a favor de la autogestión de los trabajadores? ¿Y cuáles son en cualquier caso las implicaciones para el decrecimiento?

El socialismo de mercado es una economía competitiva en la que los trabajadores poseen los medios de producción. Sus partidarios parten de la siguiente idea básica: los mercados son una gran herramienta para producir y procesar información y para asignar recursos, pero el capitalismo genera tanta desigualdad, falta de democracia y destrucción socio-medioambiental que los desperdicios son sencillamente enormes [14]. Los capitalistas deben usar una cantidad considerable de recursos solo para controlar y disciplinar el trabajo [15]. Para Roemer [14], el hecho de que los beneficios del crecimiento estén concentrados en las manos de una minoría lleva a estos últimos a olvidar la mayor parte de los “males públicos” (contaminación, pobreza, criminalidad, etc.). Estos resultados adversos no son un problema para la élite siempre que sea capaz de protegerse de ellos mediante altos ingresos, viviendo por ejemplo en áreas seguras, etc. Según Roemer, un igualitarismo basado en los activos estimularía a los trabajadores y evitaría muchas de las ineficiencias del capitalismo. También promovería un mejor equilibrio social entre crecimiento económico y males públicos. Tales modelos van mucho más allá del desarrollo del reparto de acciones con los empleados e implican una descentralización radical de las acciones, una de las formas más concentradas hoy en día de propiedad.

Las críticas a los modelos de mercado socialista se centran a menudo en su intento de establecer la “competencia perfecta” que se encuentra en los libros de texto neoclásicos. De hecho, utilizan las herramientas y suposiciones estándar –y cuestionables- neoclásicas. El modelo de Roemer [14] por ejemplo, está basado en un sistema institucional sofisticado que maximiza los beneficios mediante la competencia de mercado impidiendo al mismo tiempo cualquier reconcentración de capital en las manos de los más hábiles tras unas pocas décadas. Pero como señala Coutrot [9], “los modelos de socialismo de mercado están todos sujetos a la crítica de Einstein (y de Marx): al mantener el trabajo asalariado y la competencia generalizada, siguen promoviendo el individualismo y socavan la solidaridad social” así como la comunidad [16]. Es más, al imitar el crecimiento capitalista, estos modelos están también sujetos a la crítica decrecentista. Personifican la ceguera medioambiental que todavía se puede encontrar en el trabajo de muchos teóricos marxistas. La gran ventaja de los modelos de autogestión de los trabajadores se basa en su naturaleza democrática: democracia no solo presente en la esfera política sino también dentro de la empresa, como veremos a continuación.

En una economía autoregulada, del tipo descrito por Schweickart [17], los trabajadores asociados controlan las empresas: deciden libremente, mediante elecciones democráticas, quién las gestionará y discuten la organización y proyectos de sus empresas. Sin embargo, no son los propietarios de la empresa, que sigue perteneciendo a la comunidad. Por tanto no habría mercado de los títulos de propiedad: a nadie se le permitiría comprar, vender o poseer una empresa en la que trabajen otras personas. Este modelo no tendría por tanto trabajo asalariado, sinónimo de dominación. Como defendía Marx [18], los trabajadores empleados por un salario no pueden controlar su trabajo ni el producto de su trabajo; deben someterse a una jerarquía sobre la que no tienen ninguna influencia. En una empresa autogestionada, por el contrario, son los trabajadores mismos quienes contratan capital: en el modelo de Schweickart, pagarían un interés fijo a organizaciones crediticias por préstamos usados como capital y pagarían los equipamientos y las materias primas necesarias para mantener las capacidades productivas y vender en el mercado. Los ingresos servirían principalmente para reembolsar los préstamos y pagar impuestos mientras el saldo constituiría la remuneración de los trabajadores, asignada de acuerdo a una escala de salarios democráticamente establecida. Más aún, el modelo de Schweickart incluye un original “control social de la inversión” que se articula así: las empresas autogestionadas pagan impuestos para proveer a un fondo de inversión democráticamente controlado y jerárquicamente distribuido entre diferentes niveles (nacional, regional, comunal bancos públicos). Estos fondos financiarían las inversiones de las cooperativas de trabajadores y los servicios públicos, al nivel geográfico apropiado, según un conjunto criterios basados en el valor de uso, la rentabilidad, la justicia social y las condiciones medioambientales.

Los modelos económicos autogestionados no suponen un cambio radical de la naturaleza humana. Algunos de los elementos clave de una economía de mercado se mantienen –la elección de los consumidores, la competencia entre productores y su motivación mediante la remuneración de sus esfuerzos-. Se dice que estas características promueven la eficiencia y las innovaciones. No obstante, la diferencia con el capitalismo es doble: prohibición de autofinanciación y apropiación privada del capital; y prohibición de contratar trabajo. De esta forma, nadie puede acumular privadamente poder económico. Además, a diferencia de los modelos de socialismo de mercado, los sistemas basados en la autogestión de los trabajadores generan nuevas dinámicas que superan las conductas puramente egoístas: el igualitarismo y el sentimiento de comunidad están encarnados en sus instituciones, igual que la desigualdad y el individualismo están grabados en las instituciones del capitalismo. Más aún, la socialización de la inversión supone que los ciudadanos pueden decidir democráticamente qué hacer con el crecimiento económico.

Para resumir, los modelos de socialismo autogestionado permiten una síntesis realista entre la democracia económica y el potencial para una transición decrecentista a gran escala. De hecho, una reducción del tamaño de la economía, en consumo de energía y material, parece mucho más probable en una sociedad en la que: (1) el sentido de comunidad sea más fuerte, lo que implica que no pueda haber una clase privilegiada que tenga el poder de presionar para su enriquecimiento personal en detrimento de la sociedad y su medio ambiente; (2) la inversión esté socializada, lo que implica que los costes sociales y medioambientales se reduzcan drásticamente y por tanto las industrias dañinas estén limitadas; y (3) la información pueda circular mucho más libremente que en el capitalismo, lo que significa dos cosas. Primero, no habría agresivas campañas de publicidad empujando a la población a consumir más, esto es, a proyectar necesidades inmateriales en bienes materiales y de ahí a satisfacer ilusiones más que necesidades. Todo lo contrario, fuera de tal sociedad de consumo de masas, la gente podría estar más cerca de sus verdaderas necesidades, muchas de las cuales son inmateriales [19]. Segundo, por la implicación general de los trabajadores y los ciudadanos, libres del obstáculo de una clase dominante, la sociedad en su conjunto sería mucho más reactiva al estado de sus recursos naturales porque estaría estrechamente conectada con ellos. Una vía orientada al decrecimiento sería por tanto una opción muy real. El mismo Schweickart [17] escribió que “el crecimiento económico no es la respuesta” y distinguía cuidadosamente entre indicadores cuantitativos y cualitativos de “desarrollo”.

A continuación pasaremos a una experiencia de la vida real al examinar la transición de Cuba hacia sistemas agroecológicos para la producción de alimentos. Aunque se puede describir a la economía cubana como centralmente planificada y con falta de autogestión de los trabajadores, esto no significa que no haya cooperativas de trabajadores. Argumentamos que este último sector tiene el mejor potencial para un consecutivo desarrollo de métodos agroecológicos para la producción de alimentos y otras formas de decrecimiento sostenible.

3. La experiencia cubana con la agroecología

Antes de 1989 Cuba tenía el sector agrícola más industrializado entre los países latinoamericanos [20, 21] y había alcanzado los estándares del mundo desarrollado en los índices de esperanza de vida, educación y desarrollo social. Tras el colapso de la Unión Soviética y el endurecimiento del embargo estadounidense, Cuba sufrió una aguda crisis económica que afectó especialmente al sector agrícola. Drásticas reducciones de importaciones de alimentos, agroquímicos y equipamiento industrial forzaron a los cubanos a pasar a una forma de agricultura con bajos insumos externos y a potenciar la producción doméstica de comestibles. Se implementaron principios de agricultura orgánica o semiorgánica a gran escala, suponiendo una experiencia de este tipo sin precedentes a la escala de todo un país [20]. Teniendo en cuenta que la educación superior y los estándares de salud se mantuvieron [22] mientras se reducía drásticamente la huella ecológica, el cambio cubano a una agricultura agroecológica de bajos insumos puede interpretarse como una experiencia real de decrecimiento.

3.1 Breve reporte histórico y situación general de la agricultura cubana

Antes de 1959, la producción agrícola cubana estaba fuertemente centrada en el monocultivo de exportación especializado en la producción de azúcar. Aunque el gobierno revolucionario llevó a cabo dos reformas agrarias con la intención de diversificar la agricultura, reducir la dependencia económica de la exportación de azúcar y disminuir la carga de las importaciones [23], el mercado seguro y estable del azúcar que proporcionaba la Unión Soviética motivó que el gobierno cubano siguiese con la dependencia del país del comercio exterior.

En 1989, unos dos millones de hectáreas de tierra cultivable estaban dedicados a la caña de azúcar, mientras la producción cubana suponía el 7,4% del mercado mundial de azúcar [24].

La revolución cubana trajo cambios radicales en la posesión de la tierra y en las formas de explotación agraria: antes de 1959, el 9,4% de los propietarios de tierras poseían el 73,3% de la tierra; mediante las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, la tierra fue distribuida a 200.000 familias campesinas, mientras el 70% de la tierra pasó al control del estado [24, 25]. En los años 70, aproximadamente el 80% de la tierra cultivable era explotada por grandes granjas estatales bajo el modelo industrial de agricultura convencional de altos insumos: cada año se utilizaban 1.300.000 toneladas de fertilizantes químicos y 1.400.000 toneladas de pienso animal. Se gastaban cada año ochenta millones de dólares para comprar pesticidas. El número de tractores aumentó a 90.000 (uno cada 50 Ha) y las tierras de regadío llegaron al 14% del total. Como consecuencia, la productividad del trabajo se multiplicó por tres, y el número de bueyes utilizados disminuyó a niveles marginales [25].

Durante el mismo periodo, aproximadamente el 12% de la tierra cultivable permanecía en manos de pequeños propietarios que fueron agrupados bajo el techo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), creada en 1961. Simultáneamente se crearon las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) para dar apoyo a los pequeños campesinos con créditos y transferencia de tecnología. Los pequeños campesinos siguieron siendo propietarios individuales de sus tierras de hasta 67 hectáreas. La tierra por encima de este límite había sido redistribuida por la Reforma Agraria de 1963 [26]. Después de 1975, como una vía para la socialización de la agricultura y para evitar la fragmentación de tierra, los pequeños campesinos fueron fuertemente alentados por el estado a agrupar voluntariamente su tierra y sus medios de producción. Formaron Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y se convirtieron en propietarios colectivos [27]. Desde los años 70 hasta ahora, tanto las CCS como las CPA coexistieron y preservaron el uso tradicional de la tierra con agricultura mixta, tracción animal y menores insumos que en las granjas estatales [25], aunque durante los 80 las CPA parecían más empresas estatales que cooperativas.

La productividad del modelo de agricultura convencional empezó a disminuir tras 1980 con la reducción de la fertilidad del suelo, incluyendo la salinización, erosión y compactación [24]. Además, la agricultura industrial había provocado un éxodo rural masivo [25], y las condiciones comerciales con el bloque soviético también empezaron a disminuir, con el aumento de la deuda nacional, la escasez y el desarrollo de mercados negros como consecuencias [24]. Tras el colapso de los así llamados regímenes socialistas en Europa, el gobierno cubano introdujo una especie de “economía de guerra” racionalizada llamada el “periodo especial en tiempos de paz”. Entre 1989 y 1993, las importaciones totales entre las que se encontraban comestibles, repuestos, equipamiento industrial y agroquímicos se redujeron un 75%; la importación de combustible se redujo a un tercio, los fertilizantes al 25%, los pesticidas al 40% y los piensos concentrados al 30%, afectando seriamente al sector agrícola [25]. El PIB cayó de 19,3 a 10,0 mil millones de dólares. Muchos complejos industriales cerraron, el transporte público y el consumo de electricidad se redujeron al mínimo, lo que afectó a las condiciones de vida de la población.

La agricultura cubana se vio repentinamente enfrentada al reto de aumentar la producción de alimentos y mantener la producción para la exportación usando un 50% menos de insumos.

Para hacer frente a la crisis se tomaron medidas en los niveles técnico, institucional y económico. En el nivel técnico, Cuba movilizó sus bien desarrolladas competencias en investigación en agronomía, entre los que se encontraban jóvenes investigadores influenciados por el movimiento Verde que ya estaban interesados en métodos alternativos de producción desde los 80 [29]. Las innovaciones técnicas incluyeron la producción de controles biológicos de plagas y biofertilizantes [25], la promoción del uso de energía renovable como el biogás [30], y el desarrollo de producción de ganado basado en legumbres ricas en proteínas y su integración en los sistemas agroforestales. Además se redescubrieron y se desarrollaron aún más técnicas tradicionales, entre las que se encuentran el uso de tracción animal, la rotación de cultivos, la diversificación genética y la conversión de granjas especializadas a la agricultura mixta [31]. En el nivel institucional, la medida más importante fue la creación de Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en 1993. Las UBPC son cooperativas con el objetivo de asignar la tierra en usufructo y vender los medios de producción a la gente que trabajaba en antiguas granjas estatales [27]. En una UBPC el propietario de la tierra sigue siendo el estado, pero los miembros de la cooperativa son ahora los propietarios de la producción. Además se redujo el tamaño de las granjas estatales hasta diez veces como media para formar las UBPC. De esta forma, estas alcanzaron aproximadamente el tamaño de las CPA [27].

Actualmente, las UBPC suponen el tipo de explotación más importante en el país, con el mayor número de población implicada [32] en el 40% de todas las tierras cultivadas [33]. La agricultura urbana y la horticultura en los niveles familiar y comunitario también fueron impulsadas. Además, dado que la agricultura orgánica demanda más fuerza de trabajo que la agricultura industrial, el gobierno está alentando una especie de “éxodo urbano”, promoviendo un retorno al campo con mejores viviendas y distribución de la tierra en usufructo. La publicación del Decreto Ley 259 dio derechos de usufructo de tierra a unos 100.000 campesinos nuevos en granjas a pequeña y mediana escala de hasta 13,4 Ha cubriendo ya más de un millón de hectáreas.

Finalmente, la principal medida económica tomada consistió en la reapertura en 1994 de “mercados campesinos´” trabajando bajo condiciones de oferta y demanda. Según esto, los campesinos pueden vender sus productos al estado o al mercado campesino. Pueden vender allí cualquier producto que no esté bajo contrato del estado, y también pueden vender productos que excedan las cantidades fijadas por los contratos del estado [34]. Al principio, los precios en el mercado campesino acostumbraban a ser significativamente más altos que los designados por el estado, dando por tanto a los campesinos fuertes incentivos para producir excedentes. Al mismo tiempo, muchos insumos están solo disponibles mediante contratos del estado, alentando así a los productores a contribuir también al sistema estatal de distribución de alimentos. Además, el gobierno ha aumentado ahora significativamente los precios de mercado para la leche, la carne, los granos y los cereales.

A pesar de estos esfuerzos, el sector agrícola sigue siendo uno de los mayores retos de Cuba: el país no es autosuficiente en lo que se refiere a la oferta de alimentos y tiene que importar más de 1,5 mil millones de dólares al año en alimentos. Es más, alrededor del 50% de la tierra agrícola no se utiliza [26] y desde 2004 la producción agrícola se ha estancado o incluso ha disminuido [22]. En breve, conseguir el reto de un decrecimiento sostenible en Cuba no solo significaría reducir las importaciones de alimentos, sino también disparar la producción interna respetando al mismo tiempo los principios agroecológicos y los estándares de igualdad. Como muchas estructuras todavía no están adaptadas y todavía persisten entre muchos gestores políticos influyentes las formas convencionales de pensamiento, reestructurar las bases del sistema agrícola cubano hacia un sistema agroecológico, descentralizado y diversificado llevará algún tiempo.

3.2 Tipos de explotaciones agrícolas cubanas y sus características

El proceso de transformación sociopolítica de la agricultura cubana descrito arriba llevó a la coexistencia al mismo tiempo de granjas estatales, UBPC, CPA, CCS, huertos urbanos y “nuevos campesinos”. Todos estos tipos de explotaciones agrarias están legal y socialmente bien definidos y comparten características específicas en todo el país. Por una parte, cada tipo de explotación tiene un grado específico de autonomía en su estructura de toma de decisiones y en el acceso a los mercados. Por otra, muestran diferentes rendimientos en productividad, eficiencia, uso de insumos y adopción de prácticas agroecológicas, mostrando así heterogeneidad en su aplicación y diferente potencia para el decrecimiento sostenible. Estas diferencias se describen en el presente capítulo, centrado en las granjas estatales, UBPC, CPA y CCS.

3.2.1. Grado de autonomía en la toma de decisiones

La participación popular, aunque es uno de los principios fundacionales de la revolución cubana [35], ha experimentado una renovación dinámica en los últimos diez años [36]. En el sector agrícola, el grado de autonomía en la toma de decisiones está estrechamente vinculado con los tipos de explotaciones agrícolas y su trasfondo histórico.

En primer lugar, las CCS son la forma menos socializada de cooperativa [27]. Los granjeros son propietarios privados de tierra y trabajan sus granjas de forma independiente, lo que incluye la elección de cultivos y la producción de ganado, con la excepción de los productos considerados “estratégicos”. En todo el país, solo el estado puede vender o comprar tierra [37] y cualquier transferencia de derechos individuales derivada de la propiedad de la tierra está prohibida [34]. Esto significa que la ley protege a los granjeros de la pérdida de sus tierras por deudas y castiga la especulación sobre el valor de la tierra. Además, como resultado de las reformas agrarias, ningún individuo privado puede poseer más de 67 hectáreas de tierra. Los miembros de las CCS pueden poseer medios de producción propios o compartirlos colectivamente dentro de las llamadas CCS “fortalecidas”. En segundo lugar, los miembros de las CPA poseen colectivamente su tierra y, como en los CCS, escogen libremente dedicarse a un cultivo y producción de ganado específicos y la compra de insumos y servicios. La organización social de las CPA y CCS está fijada por regulaciones generales que definen los deberes y poderes de un presidente y junta de directores elegidos, así como de los derechos y responsabilidades de los miembros de la cooperativa [34]. En tercer lugar, aunque son ahora los propietarios de su producción y sus medios, los UBPC tienen menos autonomía de decisión que las CPA y las CCS. Mantienen relaciones comerciales con la cadena de distribución de la empresa estatal original de la que surgieron, y negocian los precios y los planes de producción basados en un sistema de cuotas [32]. Por tanto, la planificación de la producción se define principalmente por la empresa estatal que proporciona insumos y compra productos [38], dejando muy poca autonomía en las decisiones productivas y de compra. Finalmente, las granjas estatales –la mayor parte de las cuales pertenecen a las fuerzas armadas- siguen la producción planificada tradicional. Además de esto, también se crearon las “Granjas Estatales de Nuevo Tipo”, una especie de forma mixta entre las granjas estatales y las UBPC [32]. La Tabla 1 resume las características de estos tipos de explotación agrícola diferentes.


Tabla 1
Comparativa de las principales categorías de las granjas cubanas.

Granjas estatales UBPC CPA CCS
Posesión de la tierra Estatal Estatal (tierra en usufructo) Colectiva Individual (a veces también tierra estatal en usufructo)
Propiedad de la producción y de los medios de producción Estatal Colectiva Colectiva Individual, algún equipamiento es colectivo
Elección de la producción de cultivos y ganadería Estatal Estatal Colectiva Individual
Elección de compra de insumos y servicios Estatal Estatal Colectiva Individual
Principales mercados a los que accede Mercado estatal y campesino Mercado estatal Mercado estatal Mercado campesino, mercado estatal
Fuente : Adaptado de Jaffé y Zeller [26] .



3.2.2. Rendimiento y prácticas agroecológicas

Dado que las estadísticas nacionales normalmente solo diferencian entre el sector estatal (granjas estatales) y el no estatal (UBPC, CPA, CCS y otras), no hay datos comparativos sobre la productividad, el uso de insumos y la puesta en marcha de prácticas agroecológicas entre los diferentes tipos de granjas que se pueden encontrar. Algunas observaciones hechas por diferentes estudios puedan dar sin embargo una idea sobre el rendimiento productivo y agroecológico de estos diferentes tipos de granjas. El hecho de que durante la crisis las CPA y las CCS mantuviesen altos niveles de productividad, contrariamente a las granjas estatales, fue el principal motivo para la creación de UBPC [27]. Se reconoce generalmente que el sector de las pequeñas granjas, representado por las CCS y las CPA, es más productivo que las UBPC y las granjas estatales, y usa prácticas ecológicamente más sensatas [39]. Aunque haya mejorado ligeramente en los últimos años [21], la productividad de las UBPC no ha cumplido las expectativas. Es más, han experimentado problemas de gestión y su fuerza de trabajo ha disminuido [27]. El hecho de que las UBPC no sean autónomas en la elección de lo que producen y dónde comercializan se ha identificado como una causa mayor de estos problemas [27]. Este es especialmente el caso de las UBPC ganaderas, que están obligadas a comercializar su producción exclusivamente a través del sistema de distribución estatal centralizado, y de las cuales solo el 21% fueron consideradas rentables en 2005 [26].

La temprana conversión a la agricultura orgánica y de bajo consumo se ha documentado principalmente en las CCS y las CPA, y fue considerablemente apoyado por el hecho de que la mayor parte de los granjeros podían basarse en su conocimiento tradicional [40, 41]. Este es especialmente el caso en la conversión de los sistemas de granjas lecheras especializados a sistemas granjeros mixtos, en los que las UBPC y las granjas estatales todavía van a la zaga [21]. No obstante, las áreas dentro de las UBPC dedicadas al autoconsumo y las UBPC dedicadas a otros cultivos que no sean la producción lechera han puesto en marcha prácticas agroecológicas [42]. Las UBPC han contribuido también ampliamente a enraizar a la gente en la tierra y esta forma de organización se parece cada vez más a las CCS. No obstante, el mejor rendimiento en los indicadores combinados de diversidad, productividad y eficiencia lo alcanzan actualmente los pequeños campesinos que pertenecen a las CCS, pero hay una importante variación dentro de este sector [43].

Una característica importante de las CCS es que en 1996 proporcionaban más del 70% de los alimentos vendidos en los mercados campesinos, pero estaban ampliamente involucrados en la venta directa a la población [32, 39]. Mientras tanto, las CPA y las UBPC juntas suponían menos del 4% de este abastecimiento, comercializando así el grueso de su producción en el sistema de distribución estatal.

Como las UBPC están atadas a cumplir contrato con el estado que les proporciona los insumos, tienen pocos incentivos para cambiar las prácticas. Por el contrario, los miembros de las CCS e stán fuertemente animados a poner en marcha prácticas agroecológicas y liberarse de la dependencia de insumos porque esto les da la opción de vender sus productos a los mercados campesinos [37].

Finalmente, las UBPC se caracterizan por mantener grandes cantidades de tierra sin cultivar, principalmente por la falta de fuerza de trabajo. Por el contrario, los miembros de las CCS han aumentado porque sus ingresos son mucho mayores que en las UBPC. Mientras las UBPC y las granjas estatales tienen la tendencia a subutilizar sus recursos, los miembros de las CCS también podrían sobreutilizarlos, especialmente en el caso de la ganadería [26], mostrando que la desaceleración económica tras el periodo especial no estaba completamente libre de daño medioambiental [44].

4. Discusión: ¿Promueve la autonomía en la toma de decisiones el “decrecimiento”?

Aunque los diferentes tipos de granjas cubanas coexistan dentro de un único sistema, tienen características legales y económicas específicas que muestran algunas similaridades con los modelos teóricos de producción descritos arriba. Las UBPC y las granjas estatales comparten algunas características con los modelos de “planificación participativa”. La planificación teóricamente implica no solo a los productores sino también a los consumidores que están representados por el estado, quien tiene la función de redistribuir la producción a la población. En este sentido, las UBPC están obligadas a producir bienes considerados de “importancia social” por el estado en lugar de aquellos bienes que privadamente prefieran [26]. Las UBPC y las granjas estatales se enfrentan a la crítica mencionada antes, es decir, que la cadena estatal de distribución no puede gestionar adecuadamente la cantidad de información implicada en las numerosas decisiones económicas que se deben tomar. Por otra parte, los actores de la distribución no tienen ningún incentivo para cooperar y utilizar de forma eficiente los recursos que gestionan. Dadas estas condiciones, la productividad sigue baja, los recursos se subutilizan y hay pocos incentivos para poner en marcha más prácticas ecológicas.

Los miembros de las CCS, por el contrario, son libres para vender sus productos a través de los mercados campesinos. Poseen los medios de producción y pueden competir para acceder al mercado. Pueden alquilar trabajo a pequeña escala. La presencia de un mercado impulsa la productividad y las innovaciones (entre las que se encuentra el desarrollo de prácticas agroecológicas) pero esto no significa que las CCS sean capitalistas. Como no hay un mercado libre de la tierra ni un mercado libre de insumos y servicios, los miembros de las CCS no pueden comercializar sus medios de producción ni acumular capital. En este sentido, las CCS comparten algunas características del “socialismo de mercado”, en el que hay competencia de mercado, incluyendo el trabajo asalariado, pero un obstáculo a cualquier reconcentración de capital. Sin embargo, las CSS difieren de los modelos estándar de socialismo de mercado porque están vinculadas a cooperativas y también porque no son libres para comprar insumos, especialmente agroquímicos, que están controlados por el estado y su importación sufre la carga del embargo estadounidense. El hecho de que los sistemas de mercado socialista se les pueda aplicar la crítica del decrecimiento, como se dijo más arriba, se podría observar en los casos de sobreuso de los recursos en los ranchos privados de ganado citados por Jaffé y Zeller [26].

Por su parte, las CPA también son libres para escoger lo que producen y dónde comercializar sus productos, pero no pueden contratar trabajo puesto que todos sus miembros son parte de la cooperativa. De forma similar, las inversiones son controladas por los miembros de la cooperativa. Estas características acercan a las CPA al modelo de socialismo autogestionado. La diferencia es que muchas CPA todavía mantienen relaciones privilegiadas con el estado, compartiendo así algunas características con las UBPC. Sin embargo, las CPA han tenido suficiente autonomía para poner en marcha y desarrollar con éxito prácticas agroecológicas. Su debilidad relativa puede encontrarse en el hecho de que están perdiendo fuerza de trabajo a favor de las CCS porque los trabajadores de estas últimas tienen mayores ingresos. Esto podría ser un indicador de desigualdades crecientes en el país, lo que debería ser estudiado más a fondo.

Estas consideraciones preliminares tienden a mostrar que la autonomía y el poder de decisión local son un importante impulso para una transición decrecentista sostenible, cuando se cumplen determinadas condiciones en los niveles superiores. En el caso cubano, estas condiciones incluyen el control del estado, la disponibilidad limitada de insumos químicos y la ausencia de un mercado de la tierra, lo que impide la acumulación de capital [30].

5. Conclusión

Cuba se enfrenta al reto de ir más allá del desarrollismo productivista heredado tanto del bloque soviético como del Oeste capitalista [29]. El país reconoce hoy ampliamente que el modelo de agricultura convencional lleva a una dependencia mayor de las importaciones, una seguridad alimentaria débil, una mayor vulnerabilidad contra las tendencias del mercado mundial, el crecimiento del endeudamiento y graves degradaciones medioambientales [21, 45]. En este contexto, la experiencia cubana con la agroecología es un ejemplo único y prometedor de “decrecimiento” ya que ningún otro sitio se podría observar una transición así a gran escala.

Una sociedad relativamente igualitaria (desde un punto de vista económico) combinada con fuertes políticas públicas y la ausencia de intereses de terratenientes y de los agronegocios representa sin duda una ventaja clave para conseguir dicha transición. No obstante, la herencia centralizada de tipo soviético ha promovido las granjas industriales en detrimento de las granjas de tamaño pequeño autogestionadas (especialmente UBPC) más inclinadas a adoptar una vía orientada al decrecimiento. Dado que las granjas estatales –el modelo favorito- fueron gestionadas por administradores que aplicaron recetas a gran escala de uso de químicos en el monocultivo de exportación, el sistema ha separado a gestores y productores, olvidado el conocimiento tradicional e impedido que la producción agrícola se adaptase a las condiciones naturales locales [20, 29]. Unidades de producción más pequeñas y más gestión democrática son sin duda las claves para buscar un decrecimiento sostenible en este contexto. Aunque el gobierno cubano se atribuye esta opción, todavía hay un largo camino para superar la resistencia al cambio tras muchos años de productivismo de planificación central.

Este ejemplo empírico sugiere que los modelos teóricos de socialismo de autogestión tienen el tipo de democracia económica realista que se adapta mejor a una transición decrecentista a gran escala. De hecho, una reducción voluntaria del consumo de material y energía solo es posible en una democracia económica que haga a la gente responsable, como comunidad, de las consecuencias medioambientales de su propio patrón de producción y consumo. La gente es directamente responsable porque, en el modelo de Schweickart, la inversión está socializada, los trabajadores tienen que gestionar su propia empresa y no hay una clase privilegiada que manipule los votos de acuerdo a intereses particulares. Sin la presión de una sociedad de consumo de masas, la gente puede acercarse más a algunas de sus verdaderas necesidades, siendo las más importantes de ellas básicamente inmateriales. En tal democracia económica, la gente no tendría otra opción que seguir conectada al estado de sus recursos naturales. Combinados juntos, estos diferentes elementos abren el camino para una vía muy real orientada al decrecimiento. En este sentido, defendemos que un sistema no capitalista proporciona un mayor potencial para conseguir un decrecimiento sostenible que un sistema capitalista.

La experiencia cubana proporciona sin duda algunas importantes lecciones de este tipo, pero muchas cuestiones, experiencias y debates serán necesarias para construir un nuevo modelo ecosocialista movilizador que sea al mismo tiempo eficiente en tiempo, democrático y sostenible. Las fortalezas y debilidades de la experiencia cubana nos muestran sin embargo que existen esas alternativas y que la gente no está atada a repetir los mismos errores del productivismo de planificación centralizada, la concentración de capital, la alienación del trabajo o la búsqueda escurridiza de un crecimiento infinito. Según Martínez-Alier et al. [1], “para que un decrecimiento sostenible tenga éxito un paso importante sería proporcionar una plataforma en la que los movimientos sociales del Norte y del Sur, incluyendo a conservacionistas, sindicatos, movimientos de pequeños campesinos y aquellos movimientos del sur que defienden una economía de impacto medioambiental bajo, puedan converger”. En particular, se deben comprender y promover pacientemente las condiciones bajo las que tal convergencia se puede desarrollar. Las lecciones de la agricultura cubana forman parte de este entendimiento.

Referencias

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